El apoderado de la empresa Roanmat SRL, concesionaria de las termas del río Valdez, cuestionó el rechazo “sin fundamentos” del pedido de juicio político al Fiscal de Estado. Afirmó que hay una Legislatura que “lo protege” y reclamó a la gobernadora Ríos que cumpla con la palabra de resolver el conflicto antes del final del mandato.
Río Grande.- El Dr. Merlo, apoderado de la empresa Roanmat SRL, informó a Radio Universidad que con fecha 6 de octubre fueron notificados de la “denegación del pedido de juicio político contra el Fiscal de Estado y no se dicen cuáles son las razones. Simplemente se entregó en mano una cédula de notificación”.
Recordó que el fiscal “fue denunciado oportunamente, se constituyó la sala acusadora y se reunió el 29 de septiembre el legislador Arcando, la legisladora Siracusa, el legislador Lechman, Laura Rojo y Fabio Marinello y, presidido por Pablo Blanco, resolvieron rechazar el pedido de juicio político”.
Dio cuenta de su pedido de “una copia de las razones de la desestimación y hasta el día de hoy la respuesta es el silencio. Evidentemente la Legislatura hace lo que se le da la gana. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de remitir una nota diciendo si se les rompió la fotocopiadora, o algo. No me sorprende de esta Legislatura”, criticó.
Aseguró que “cuando se rechaza el pedido, la obligación es notificar los fundamentos. Presenté una nota pidiendo copia de los fundamentos y no la tengo. Ni siquiera me llamó un asesor de los tantos que deben tener. Esto es un mecanismo de protección al Fiscal de Estado por parte de la Legislatura residual”, acusó Merlo.
Indicó que este conflicto “comenzó hace 15 años atrás cuando Carlos Manfredotti era gobernador e inventó una excusa para sacarle las termas a la empresa Roanmat SRL” y lamentó la situación actual porque “las termas están cerradas, la responsabilidad es del Fiscal de Estado y la Legislatura que lo ha protegido, denegando un pedido de juicio político por la mala actitud del fiscal”, dijo.
Agregó que “en el gobierno de Ríos no hicieron nada, hace siete años se presentó la mensura y en siete años el gobierno no la aprueba” y “cuestionó la destrucción de caminos y puentes, que costó millones a la empresa concesionaria, cuando la única forma de acceder a las termas era a pie”, por la autorización a productores madereros a explotar la zona, y un camino que no estaba preparado para tránsito pesado.
Merlo negó que el reclamo sea “cosa juzgada”, tras el acuerdo de partes de 2006, porque “no fue homologado por el Superior Tribunal de Justicia”, indicando que en ese acuerdo “la empresa desistió del juicio millonario y los daños y perjuicios”, pero luego la Legislatura aprobó una “ley tramposa” que perjudicó a la concesionaria.
“La empresa lo único que ha hecho es invertir y no recibe nada a cambio y se priva a los turistas de un recurso de la provincia”, fustigó.
De cara al cambio de gobierno, dijo que va a esperar a que la gobernadora electa entre en funciones para reclamar una solución a este tema, al tiempo que consideró que “el gobierno de Ríos debiera resolverlo antes de irse. Personalmente la gobernadora Ríos me dijo que había tomado la decisión de resolverlo y no cumplió”, aseguró.
“Hay una esperanza de que las cosas mejoren a partir del 17 de diciembre”, concluyó Merlo.
(Fuente: Provincia 23)
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